Agua de todos y para todos

El último chiste de mal gusto generado por la política española ha sido la propuesta por parte de los políticos catalanes de llevar a cabo un trasvase desde el Segre primero y desde el Ródano después ante los problemas de abastecimiento de agua en Barcelona. El Ródano, por cierto, es un río que discurre por Francia y Suiza.

Lo gracioso del asunto es que el trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional fue desmantelado cuando ya se había dado comienzo a sus obras a causa de la elección de Rodríguez Zapatero como presidente y las presiones que sobre él ejercieron los socialistas y nacionalistas de Aragón y Cataluña. Por si alguien lo dudaba, esto nos demuestra cómo las autonomías, lejos de vertebrar el funcionamiento del país en asuntos de relevancia regional, sirven exclusivamente para crear diferencias entre territorios y dificultar las políticas que afectan a toda el estado.

Hasta ahora las confederaciones hidrográficas, dependientes del poder central eran las encargadas de la explotación de los recursos hídricos de cada cuenca hidrográfica (el terreno cuya escorrentía va a parar a un mismo río principal). La unificación en un mismo organismo independiente de las fronteras internas del país obedece a que los cauces fluviales no responden a dichas fronteras sino que casi siempre las definen. Que la autoridad encargada de la gestión sea la máxima autoridad ejecutiva del país —al menos eso debería ser el gobierno de España— responde a que los recursos de un país pertenecen por igual a todos sus habitantes y no a aquellos que circunstancialmente viven en un territorio del país.

Pero el avance del estado de las autonomías unido a la poca movilidad de los españoles (lo segundo probablemente una consecuencia de lo primero) ha hecho que se avance en un sentimiento pueblerino y paleto de vincular en exceso el territorio con las personas que en él viven.
El bloqueo del Plan Hidrológico supuso un grave impedimento para lo que sería el siguiente paso lógico en las infraestructuras hídricas de un país: la creación de una red a nivel nacional que, análogamente a la red eléctrica, permitiese el uso del agua en cualquier sitio independientemente del lugar de donde ésta proceda. Una buena gestión de una obra pública de semejante envergadura (el trasvase) podría haber sentado un importante precedente que facilitase los trámites políticos previos a la realización de más obras que conectasen las múltiples cuencas españolas.

Por otra parte algunos liberales piden la privatización de la gestión del agua, cosa que como liberal me encantaría, pero que como hombre que se debe a la realidad me resulta harto difícil de llevar a la práctica. Fonseca, por ejemplo, lo proponía hace un tiempo. Quienes proponen estas cosas ni siquiera tiene un plan para llevar a cabo la transición hacia la gestión privada del agua; pasa un poco como con los defensores del patrón oro. Pero más allá de tener o no un plan, el problema con la privatización se debe a la naturaleza del agua potable. Todos sabemos del ciclo del agua, a grandes rasgos: el agua cae en forma de lluvia al suelo, una parte se infiltra en el terreno y otra forma parte de la escorrentía que acaba en lagos, ríos y el mar; donde se evapora y vuelta a empezar.
¿Puede un propietario de una vasta finca plastificar una gran superficie evitando así que la escorrentía y la infiltración lleguen a ríos y acuíferos para vender su agua? ¿Puede el propietario de un pozo sobreexplotarlo cuando sabemos que dicha sobreexplotación puede deprimir el nivel freático y dejar sin agua al pozo de su vecino? ¿Es posible privatizar secciones de río a sabiendas de que lo que sucede aguas arriba de, por ejemplo, una presa afecta a los cultivos y núcleos urbanos situados aguas abajo? Es más, si tenemos en cuenta el ciclo del agua podríamos concluir que todo está aguas abajo.

Además de todos los problemas relacionados con la naturaleza de los movimientos de agua existe el problema relativo a la red de distribución. No es comparable una red de canales, tuberías y bombas que van desde los pozos y embalses y hasta nuestros muchos grifos con acercarse a una tienda y elegir entre múltiples marcas de yogur. Una red de distribución de agua, al igual que una de distribución de electricidad, es una infraestructura aparatosa y complicada que dificulta —si no imposibilita— la entrada de nuevos competidores en el mercado; porque el agua dulce, al margen de su dureza y mineralización, es igual en todos los lugares del mundo. Y aunque asumiésemos que es posible la coexistencia de varias redes de distribución —tanto en el caso de la eléctrica como la hídrica— los beneficios de una única red ante varias redes son evidentes: Cualquier excedente puede ser usado para suplir un pico de demanda en cualquier punto de la red, algo que resulta especialmente útil en el caso de la energía eléctrica por lo inviable que resulta su almacenamiento a gran escala.

Es lógico que el liberalismo patrio, ante la poca influencia de su doctrina en la política acabe deslizándose hacia lo más marginal e irreflexivo. La política energética en España al igual que la hídrica ha venido siendo un desastre, pero eso no significa que tengamos que lanzar ideas imposibles de llevar a la práctica.
Evidentemente esto no descarta que desde la gestión pública del agua —o la electricidad— se deban buscar medidas que fomenten la competitividad dando concesiones o cobrando por el uso del agua de manera razonable, pero siempre sin olvidar que estamos tratando un asunto complicado.